Para Guerra D (1985) El reconocimiento internacional de los derechos humanos, tiene sus bases en la declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa de 1789, a pesar de que aparentemente tuvo carácter nacional, bien pronto, con la exportación de los principios liberales de la Revolución, se vio consagrada en la comunidad internacional. Esto se explica porque la Revolución Francesa no fue un movimiento nacional sino internacional.
Esta declaración puede considerarse como el antecedente histórico más fundamental en los esfuerzos que han hecho los Estados de la comunidad internacional para celebrar acuerdos internacionales sobre la protección y garantías que deben ofrecerse a los derechos del hombre.
El 12 de Octubre del 1929, El Instituto de Derecho Internacional, en la ciudad de Nueva York, votó una declaración relativa a la consagración de los derechos fundamentales del hombre: su vida, su libertad, su derecho a la propiedad, de los cuales debía gozar irrestrictamente, independientemente de su raza, idioma o religión.
NOVENA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA CELEBRADA EN BOGOTÁ:
En el mes de abril del año 1948, se aprobó una Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y lo cual fue repetido con pequeñas variantes en París, en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebró en dicha ciudad, y cuya Declaración fue preparada de acuerdo con un proyecto presentado por la UNESCO. En la mencionada Declaración Americana se consagraron los siguientes Derechos : a la vida, la libertad, la seguridad e integridad de la persona; la igualdad ante la ley; la libertad religiosa y de culto; la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión; la protección a la honra, de la reputación personal y de la vida privada y familiar; la constitución y la protección a la familia; la protección de la maternidad y de la infancia; el derecho a la residencia y al tránsito; la inviolabilidad del domicilio; inviolabilidad y circulación de la correspondencia; la preservación de la salud y del bienestar; la educación; los beneficios de la cultura; el trabajo y una justa retribución; el descanso y su aprovechamiento ; la seguridad social; el reconocimiento a la personalidad jurídica y de los derechos civiles; la justicia; la nacionalidad; el sufragio y la participación en el gobierno. Igualmente se incluyeron el derecho a reunión , de asociación; de propiedad; de petición; de protección contra la detención arbitraria; derecho a proceso regular y el de asilo. Al mismo tiempo se consignaron los siguientes deberes: ante la sociedad, para con los hijos y los padres; de instrucción; del sufragio; de obediencia a la ley; de servir a la comunidad y la nación; de asistencia y seguridad social; pagar impuestos; de trabajo y de abstenerse de actividades políticas en país extranjero.
Es importante destacar que a este texto original de 1948, hay que agregar las sucesivas modificaciones a través de la evolución lo que ha hecho posible la inclusión de nuevos derechos humanos.
En América también se puede ver tendencia evolutiva a garantizar por parte de los Estados el respeto y disfrute de los derechos y libertades fundamentales del hombre. En este sentido señala Guerra D (1985) que la OEA, interpretando fielmente el sentimiento de los Estados Americanos, ha realizado un sostenido esfuerzo en el sentido de que los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, Bogotá, 1948, sean convenidos en una realidad concreta a través de una convención de cumplimiento obligatorio. Tal es el caso de la Convención Americana de los Derechos del hombre, denominada Pacto de San José de Costa Rica, del 22 de noviembre de 1969.
lunes, 10 de enero de 2011
jueves, 16 de diciembre de 2010
Interes Procesal
Declaración de in admisibilidad de la acción de amparo.
La Ley Orgánica de Amparo Constitucional, en su artículo 6, nos dice: “ No se admitirá la acción de amparo: 1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla; 2) Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales no sea inmediata, posible y realizable por el imputado; 3) Cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida (…) 4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. (…)
El artículo 6 de la Ley de Amparo Constitucional, nos sigue presentando la in-admisibilidad de la acción de amparo: (…) 5 Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente ley (…) 7- En caso de suspensión de derecho y garantías constitucionales conforme al artículo 241 de la constitución, salvo que el acto que se impugne no tenga relación con la especificación del decreto de suspensión de los mismos. (…)
Suspensión de las garantías constitucionales
Esta figura jurídica de la suspensión de los derechos y garantías constitucionales está regulada en el artículo 337 de la Constitución Nacional, faculta ampliamente al Presidente de la República, en consejo de Ministros, para decretar estados de excepción, y se especifican claramente. En estas circunstancias, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta constitución , salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura , el debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”
Es importante destacar que los derechos humanos no podrán ser suspendidos cuando éstos sean inherentes a la esencia del ser. El artículo 27 de la Constitución Nacional, establece: “ Toda persona tiene derecho a ser amparado por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos (…)”
Conclusión
Lo fundamental y lo que hemos logrado demostrar a través de nuestra investigación, es que el Amparo Constitucional va a garantizar los derechos fundamentales que otorga nuestra Carta Magna, pero mucho más allá de esas garantías expresas es la protección de los derechos humanos como esencia que determina que el hombre como ser humano está por encima de los intereses políticos o cualquier otro interés.
martes, 30 de noviembre de 2010
El Fraude Procesal como fundamento de la acción de amparo.
Requisitos para la procedencia del amparo por fraude procesal:
De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, 2749 del 27/12/2001, el amparo por fraude procesal procede únicamente cuando se cumplen los requisitos siguientes:
1- Que el juicio haya concluido en todas sus instancias mediante sentencia definitivamente firme.
2- Cuando de los autos emerja la plena convicción de que el proceso originario fue inequívocamente utilizado con fines distintos a los que de su propia naturaleza se desprenden.
Vía apropiada para ventilar la acción de fraude procesal:
Es importante destacar que la vía que se debe seguir para la acción de fraude procesal es la vía del juicio ordinario, porque es necesario un término probatorio amplio, para que se demuestre el fraude procesal; y a pesar que existe la violación constitucional, se requiere de alegatos y pruebas que no corresponden a un proceso breve como el del amparo constitucional.
Es por esta situación expuesta anteriormente, que la jurisprudencia ha dicho: “El amparo constitucional no es la vía idónea para denunciar el fraude procesal. Sin embargo, cuando la denuncia es de un fraude procesal ocurra en un proceso en el que existe una decisión con autoridad de cosa juzgada , resulta procedente la solicitud de amparo constitucional contra el proceso que dio origen a tal decisión, en aras de resguardar el orden público”.
La cosa juzgada: Para Echandía, H “es la calidad de inmutable y definitiva que la ley otorga a la sentencia, en cuanto declara la voluntad del Estado contenida en la norma legal que aplica en el caso concreto”
El amparo constitucional:
Existe una tendencia a utilizar el amparo constitucional como medio para obtener la nulidad de la sentencia dictada con fraude de las disposiciones legales, olvidándose que la acción de amparo no tiene efectos anulatorios sino restablecedores de una situación jurídica lesionada, tal como lo ha declarado el Tribunal Supremo de Justicia .
La vía del juicio ordinario es la más apropiada para ventilar la acción de fraude procesal. La acción de amparo en el fraude procesal, procede cuando lesiona la cosa juzgada. El amparo constitucional sólo procede cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, 2749 del 27/12/2001, el amparo por fraude procesal procede únicamente cuando se cumplen los requisitos siguientes:
1- Que el juicio haya concluido en todas sus instancias mediante sentencia definitivamente firme.
2- Cuando de los autos emerja la plena convicción de que el proceso originario fue inequívocamente utilizado con fines distintos a los que de su propia naturaleza se desprenden.
Vía apropiada para ventilar la acción de fraude procesal:
Es importante destacar que la vía que se debe seguir para la acción de fraude procesal es la vía del juicio ordinario, porque es necesario un término probatorio amplio, para que se demuestre el fraude procesal; y a pesar que existe la violación constitucional, se requiere de alegatos y pruebas que no corresponden a un proceso breve como el del amparo constitucional.
Es por esta situación expuesta anteriormente, que la jurisprudencia ha dicho: “El amparo constitucional no es la vía idónea para denunciar el fraude procesal. Sin embargo, cuando la denuncia es de un fraude procesal ocurra en un proceso en el que existe una decisión con autoridad de cosa juzgada , resulta procedente la solicitud de amparo constitucional contra el proceso que dio origen a tal decisión, en aras de resguardar el orden público”.
La cosa juzgada: Para Echandía, H “es la calidad de inmutable y definitiva que la ley otorga a la sentencia, en cuanto declara la voluntad del Estado contenida en la norma legal que aplica en el caso concreto”
El amparo constitucional:
Existe una tendencia a utilizar el amparo constitucional como medio para obtener la nulidad de la sentencia dictada con fraude de las disposiciones legales, olvidándose que la acción de amparo no tiene efectos anulatorios sino restablecedores de una situación jurídica lesionada, tal como lo ha declarado el Tribunal Supremo de Justicia .
La vía del juicio ordinario es la más apropiada para ventilar la acción de fraude procesal. La acción de amparo en el fraude procesal, procede cuando lesiona la cosa juzgada. El amparo constitucional sólo procede cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional.
Garantías del amparo constitucional
Declaración de in admisibilidad de la acción de amparo.
La Ley Orgánica de Amparo Constitucional, en su artículo 6, nos dice: “ No se admitirá la acción de amparo: 1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla; 2) Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales no sea inmediata, posible y realizable por el imputado; 3) Cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida (…) 4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. (…)
El artículo 6 de la Ley de Amparo Constitucional, nos sigue presentando la in-admisibilidad de la acción de amparo: (…) 5 Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales , el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente ley (…) 7- En caso de suspensión de derecho y garantías constitucionales conforme al artículo 241 de la constitución, salvo que el acto que se impugne no tenga relación con la especificación del decreto de suspensión de los mismos. (…)
Suspensión de las garantías constitucionales
Esta figura jurídica de la suspensión de los derechos y garantías constitucionales está regulada en el artículo 337 de la Constitución Nacional, faculta ampliamente al Presidente de la República, en consejo de Ministros, para decretar estados de excepción, y se especifican claramente. En estas circunstancias, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta constitución , salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura , el debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”
Es importante destacar que los derechos humanos no podrán ser suspendidos cuando éstos sean inherentes a la esencia del ser. El artículo 27 de la Constitución Nacional, establece: “ Toda persona tiene derecho a ser amparado por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos (…)”…
Conclusión
Lo fundamental y lo que hemos logrado demostrar a través de nuestra investigación, es que el Amparo Constitucional va a garantizar los derechos fundamentales que otorga nuestra Carta Magna, pero mucho más allá de esas garantías expresas es la protección de los derechos humanos como esencia que determina que el hombre como ser humano está por encima de los intereses políticos o cualquier otro interés.
La Ley Orgánica de Amparo Constitucional, en su artículo 6, nos dice: “ No se admitirá la acción de amparo: 1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla; 2) Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales no sea inmediata, posible y realizable por el imputado; 3) Cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida (…) 4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. (…)
El artículo 6 de la Ley de Amparo Constitucional, nos sigue presentando la in-admisibilidad de la acción de amparo: (…) 5 Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales , el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente ley (…) 7- En caso de suspensión de derecho y garantías constitucionales conforme al artículo 241 de la constitución, salvo que el acto que se impugne no tenga relación con la especificación del decreto de suspensión de los mismos. (…)
Suspensión de las garantías constitucionales
Esta figura jurídica de la suspensión de los derechos y garantías constitucionales está regulada en el artículo 337 de la Constitución Nacional, faculta ampliamente al Presidente de la República, en consejo de Ministros, para decretar estados de excepción, y se especifican claramente. En estas circunstancias, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta constitución , salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura , el debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”
Es importante destacar que los derechos humanos no podrán ser suspendidos cuando éstos sean inherentes a la esencia del ser. El artículo 27 de la Constitución Nacional, establece: “ Toda persona tiene derecho a ser amparado por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos (…)”…
Conclusión
Lo fundamental y lo que hemos logrado demostrar a través de nuestra investigación, es que el Amparo Constitucional va a garantizar los derechos fundamentales que otorga nuestra Carta Magna, pero mucho más allá de esas garantías expresas es la protección de los derechos humanos como esencia que determina que el hombre como ser humano está por encima de los intereses políticos o cualquier otro interés.
martes, 16 de noviembre de 2010
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
Naturaleza de la Tutela Judicial Efectiva:
En el procedimiento de amparo, es importante la aplicación de la tutela judicial efectiva, éste es un nuevo concepto que se abre paso en nuestro Derecho y así garantizar a los justiciables a tener acceso a la justicia en forma expedita, sin demoras indebidas y sin formalismos. La tutela judicial efectiva, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado. El artículo 257 de la Constitución Nacional, señala que no sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. El artículo 26 ejusdem, señala claramente la naturaleza de la tutela efectiva.
Infracción de la Tutela Judicial Efectiva
La Sala Constitucional del Tribunal Suprema de Justicia, ha considerado que la decisión de un tribunal de última instancia mediante la cual se declare inadmisible una acción, basada en un criterio erróneo del juzgador llevaría a una infracción en la situación jurídica de quien interpone la acción, del derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual puede ser analizado de oficio por el juez constitucional aunque no haya sido alegado por los accionantes.
La tutela judicial efectiva conlleva que las personas llamadas a un proceso, gocen ampliamente del derecho y garantía constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, en el sentido de tener igual acceso a la jurisdicción para su defensa, a que se respete el debido proceso, a que la controversia sea resuelta en un plan razonable y a que, una vez dictada sentencia motivada, la misma se ejecute.
Principios del amparo constitucional como protección a los derechos humanos.
Es importante destacar que el hombre como fundamento de la sociedad, ha ido evolucionando en acciones y garantías, es precisamente esto lo que motiva a proteger su esencia como ser humano. Mucho más que la ley, es el hombre centro donde se origina la necesidad de dar amparo a sus derechos fundamentales.
A lo largo de los años, hemos observado como en cantidad de hechos se violan los derechos fundamentales del ser humano, no sólo en nuestro país. El nuevo orden mundial ha comprendido que los derechos del hombre son fundamentales, es por ello que los organismos internacionales cada día más se pronuncian sobre las violaciones de estos derechos inherentes al ser humano, y así proteger al pilar fundamental de una sociedad sana.
Por lo antes expuesto, podemos referirnos a los principios que en nuestro país garantizan el amparo constitucional a todos los ciudadanos; éstos principios son:
1.- Principio Personalísimo:
Para Zambrano F. (2007) La acción de amparo exige un interés procesal personal y directo de la persona que intenta el amparo. La cualidad en sentido procesal, expresa una relación de identidad lógica entre la persona del actor, concretamente considerado y la persona abstracta a quien la ley concede la acción, y de identidad lógica entre la persona del demandado, concretamente considerado, y la persona abstracta contra quien la ley concede la acción.(p.91)
2.- Principio excepcional y residual del amparo: La acción de amparo procede contra todo acto administrativos, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen un derecho o garantía constitucional cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional. El amparo constitucional sólo procede cuando no existen otras vías a través de las cuales se obtenga el restablecimiento de los derechos constitucionales violados.
3.- Principio dispositivo del procedimiento:
a- El proceso no puede ser iniciado de oficio. Se requiere siempre la iniciativa de la parte y de un presunto agraviado con interés personal y directo en el ejercicio de la acción.
b- El juez que conoce del amparo no puede entrar a resolver situaciones de hecho no planteadas en la solicitud.
c- El procedimiento de amparo permite al solicitante ponerle fin al juicio mediante el desistimiento de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público.
4- Principio inquisitivo:
a- Corrección y aclaratoria de puntos dudosos u oscuros de la solicitud o cuando no llenare los requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, por lo cual el solicitante tendrá un lapso de 48 horas, a partir de la notificación. Si no lo hace, la acción de amparo será declarada inadmisible.
b- La acción de amparo es de orden público.
c- Consulta obligatoria con el Superior de toda sentencia de amparo dictada en primera instancia.
d- El juez tiene la facultad de ordenar la evacuación de las pruebas que juzgue necesarias para esclarecer los hechos dudosos.
e- Facultad del juez para interrogar a las partes y a los comparecientes durante la audiencia pública.
5. Oralidad:
El procedimiento de amparo es oral. La oralidad no significa que las actuaciones del amparo no sean debidamente documentadas por el tribunal.
6.- Publicidad:
La libertad al acceso a las fuentes públicas debe ser amplia, en la medida en que el derecho a la información es un principio fundamental de un sistema democrático. De allí que todos los actos de gobierno deben ser comunicados a la sociedad, a objeto de que ésta pueda ejercer el control sobre los órganos que ejercen el Poder Público.
7- Brevedad:
En la acción de amparo, todo tiempo será hábil, y el tribunal dará preferencia al trámite del amparo sobre cualquier otro asunto.
8- Gratuidad:
El estado garantizará la gratuidad de la justicia en general, y en particular el amparo constitucional.
9- Simplificación de las formas:
El amparo tiene por características su simplicidad de las formas procesales, y su tramitación.
10- Sumariedad.
El trámite es simple, sencillo. La tutela judicial efectiva no tolera el exceso de formalismos.
11- Igualdad de las partes:
No existen los privilegios.
A lo largo de los años, hemos observado como en cantidad de hechos se violan los derechos fundamentales del ser humano, no sólo en nuestro país. El nuevo orden mundial ha comprendido que los derechos del hombre son fundamentales, es por ello que los organismos internacionales cada día más se pronuncian sobre las violaciones de estos derechos inherentes al ser humano, y así proteger al pilar fundamental de una sociedad sana.
Por lo antes expuesto, podemos referirnos a los principios que en nuestro país garantizan el amparo constitucional a todos los ciudadanos; éstos principios son:
1.- Principio Personalísimo:
Para Zambrano F. (2007) La acción de amparo exige un interés procesal personal y directo de la persona que intenta el amparo. La cualidad en sentido procesal, expresa una relación de identidad lógica entre la persona del actor, concretamente considerado y la persona abstracta a quien la ley concede la acción, y de identidad lógica entre la persona del demandado, concretamente considerado, y la persona abstracta contra quien la ley concede la acción.(p.91)
2.- Principio excepcional y residual del amparo: La acción de amparo procede contra todo acto administrativos, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen un derecho o garantía constitucional cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional. El amparo constitucional sólo procede cuando no existen otras vías a través de las cuales se obtenga el restablecimiento de los derechos constitucionales violados.
3.- Principio dispositivo del procedimiento:
a- El proceso no puede ser iniciado de oficio. Se requiere siempre la iniciativa de la parte y de un presunto agraviado con interés personal y directo en el ejercicio de la acción.
b- El juez que conoce del amparo no puede entrar a resolver situaciones de hecho no planteadas en la solicitud.
c- El procedimiento de amparo permite al solicitante ponerle fin al juicio mediante el desistimiento de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público.
4- Principio inquisitivo:
a- Corrección y aclaratoria de puntos dudosos u oscuros de la solicitud o cuando no llenare los requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, por lo cual el solicitante tendrá un lapso de 48 horas, a partir de la notificación. Si no lo hace, la acción de amparo será declarada inadmisible.
b- La acción de amparo es de orden público.
c- Consulta obligatoria con el Superior de toda sentencia de amparo dictada en primera instancia.
d- El juez tiene la facultad de ordenar la evacuación de las pruebas que juzgue necesarias para esclarecer los hechos dudosos.
e- Facultad del juez para interrogar a las partes y a los comparecientes durante la audiencia pública.
5. Oralidad:
El procedimiento de amparo es oral. La oralidad no significa que las actuaciones del amparo no sean debidamente documentadas por el tribunal.
6.- Publicidad:
La libertad al acceso a las fuentes públicas debe ser amplia, en la medida en que el derecho a la información es un principio fundamental de un sistema democrático. De allí que todos los actos de gobierno deben ser comunicados a la sociedad, a objeto de que ésta pueda ejercer el control sobre los órganos que ejercen el Poder Público.
7- Brevedad:
En la acción de amparo, todo tiempo será hábil, y el tribunal dará preferencia al trámite del amparo sobre cualquier otro asunto.
8- Gratuidad:
El estado garantizará la gratuidad de la justicia en general, y en particular el amparo constitucional.
9- Simplificación de las formas:
El amparo tiene por características su simplicidad de las formas procesales, y su tramitación.
10- Sumariedad.
El trámite es simple, sencillo. La tutela judicial efectiva no tolera el exceso de formalismos.
11- Igualdad de las partes:
No existen los privilegios.
martes, 5 de octubre de 2010
Derechos humanos en declaraciones de organizaciones internacionales
El mantenimiento y la observación de los derechos humanos es tan importante para el estado de tranquilidad y paz en esas relaciones que distinguidas personalidades del mundo contemporáneo han sido merecedores de el Premio Nóbel de la Paz en razón de sus luchas por la vigencia de esos derechos. Ejemplo de esa lucha por los derechos humanos, ha sido Nelson Mándele.
Como luchador en defensa de los derechos humanos, Nelson Mándele, quien recibió el Premio Internacional Simón Bolívar, con motivo de la celebración del bicentenario del nacimiento del Libertador (1983). Es por ello que consideramos oportuno repetir las palabras pronunciadas ante la Corte Suprema de Justicia de su país.
Nelson Mándele, en ocasión de la condena perpetua que se le infirió en su país, dijo: “He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática … un ideal por el cual estoy preparado para morir”. Esto demuestra que la causa de los derechos del hombre, la libertad, la igualdad, el derecho de gobernarse libremente y demás valores morales, siempre tendrán paradigmas que vienen a constituir verdadera levadura de los pueblos.
Derechos humanos
Los derechos humanos son llamados derechos personalísimos y se consideran inherente a la persona. Estos derechos no pueden ser restringidos por los gobernantes, se consagran en las cartas fundamentales de todos los países civilizados. Estos derechos son: Derecho a la vida; a la libertad; a la igualdad ante la ley; al trabajo; a la libertad de pensamiento; de expresión, de reunión, de asociación, de circulación, de defensa en juicio, entre otros. Son aquellos derechos que le pertenecen por el hecho de ser hombre.
Organizaciones internacionales y sus declaraciones de derechos humanos
En América como el resto del mundo se ha observado una tendencia y esfuerzo a través de la lucha para garantizar por parte de los estados el respeto y disfrute de los derechos y libertades fundamentales del hombre. En este sentido debe señalarse que la OEA, interpretando fielmente el sentimiento de los Estados americanos, en la declaración Americana de los derechos del hombre, Bogotá, 1948, sean convertidos en realidad.
Los derechos del hombre, quedó concretamente recogida en “El Pacto de San José de Costa Rica”, el 22 de noviembre del 1969.
En la novena conferencia internacional americana, celebrada en Bogotá, se aprobó la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, y se consagra los siguientes derechos: a la vida, la libertad, igualdad ante la ley, la libertad religiosa y de culto, entre otros derechos.
En la actualidad los derechos humanos han evolucionado, y han ganado terrenos importantes, así se demuestra en la Convención Europea de los Derechos del Hombre, firmada en Roma, en 1950.
En materia de derechos humanos, nuestra Constitución Nacional, está bien actualizada.
En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), se establece en el artículo 23, lo siguiente: “ Los Tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecidas por esta constitución y las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”
Conclusión
La obligación del Estado Venezolano a garantizar los derechos humanos, implica que tiene que abstenerse de realizar actuaciones que pudieran resultar violatorias de estos derechos y por tanto el Estado está obligado a asegurar la efectividad y el goce de los derechos humanos con todos los medios a su alcance.
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